Esta iniciativa se ha llevado a cabo a instancias de la plataforma de afectados por la Ley de Costas, que reclamó que se actúe para evitar la sentencia del Tribunal Supremo
Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2014.- El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, valora el decreto del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, del 8 de mayo de 2014, por el cual da “instrucciones para la tramitación de expediente para el reconocimiento de área urbana de los asentamientos rurales del litoral de Anaga: Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero”.
El abogado y presidente de la plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas mantuvo el pasado 29 de abril una reunión con el primer edil santacrucero para indicar la necesidad de actuar ante la sentencia del Tribunal Supremo, del 13 de marzo de 2014, por la que se determinan cien metros de servidumbre para, concretamente, el núcleo de Igueste de San Andrés.
Para Langa González “la respuesta tan inmediata que ha dado el alcalde a esta situación, a raíz de la petición hecha por la plataforma, demuestra el interés de esta institución por defender a sus vecinos”. En este sentido, el decreto municipal da orden al Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que “acredite ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, los asentamientos rurales del litoral de Anaga (...) tenían la condición de áreas urbanas (...).
Para ello, el decreto del alcalde de Santa Cruz insta a todas las áreas municipales con competencias en el área a que trasladen de forma urgente la información que acredite que estos núcleos disponían, anterior a la ley de 1988, de servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, y además estaban consolidados por edificación.
Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide, a través de la Oficina de Distrito de Anaga, “la colaboración vecinal, a fin de que los vecinos puedan aportar al Ayuntamiento cuantas pruebas dispongan a los efectos indicados”. El abogado asegura que “en cualquier caso, esta información debería haberse presentado en su momento para evita la sentencia del Tribunal Supremo y la angustia que supone para los vecinos de estos núcleos”.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como por el Cabildo de Tenerife para que en Igueste de San Ándrés se aplicaran solamente los veinte metros de servidumbre pública al tratarse de un núcleo poblacional urbano consolidado mucho antes de que se estableciera la Ley de Costas en 1988.
Langa González se reunirá a los mismos efectos el próximo jueves, 15 de mayo, con el presidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso, y pedirá que se ponga en marcha la ya reclamada comisión mixta entre las instituciones implicadas y la propia plataforma para evitar que en un futuro próximo se produzcan hechos como el de Igueste de San Andrés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario