Los miembros de la Asociación de Empresarios de la Zona Centro de Puerto de la Cruz recurrirán ante el juez la liquidación de la tasas de ocupación de la vía pública tanto de 2014 como de 2015, toda vez que los recursos de 2013 sobre dichas tasas han logrado sentencias favorables para los empresarios.
Así lo decidieron en la reunión que los representantes de los negocios afectados, más de cien empresas, mantuvieron ayer con el abogado que lleva la causa, José Luis Langa González, quien les aseguró que confiaba que “ganaremos, pues la causa es la misma y los jueces ya han sentenciado a nuestro favor”.
El abogado Langa González ha indicado que “no sólo se han estimado nuestros recursos en diversos juzgados, sino que además un juzgado de lo Contencioso Administrativo han planteado una cuestión de ilegalidad de la normativa que justifica el cobro de dichas tasas”.
En este sentido, el letrado explicó que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no solo ha recurrido las sentencias, sino que ha planteado un recurso de queja contra el auto del 1 de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado 4 del Contencioso Administrativo, “lo que nos hace suponer que lo que pretende el Ayuntamiento es ganar tiempo”.
En este sentido, el presidente de la asociación de empresarios afectados, Santiago Estévez, indicó que “da la sensación de que el Ayuntamiento no sabe cómo salir de esta situación, pero sin duda, la justicia está demostrando que no tiene razón”.
Los empresarios indicaron a Langa González que el Ayuntamiento ya ha pasado la liquidación de las tasas de 2015, con un veinte por ciento de descuento, a lo que el letrado explicó que “no se puede descontar un veinte por ciento sobre unas tasas que no hemos aceptado, que están recurridas y que, incluso, los jueces consideran no ajustadas a derecho.”
Hay que recordar que son más de 120 negocios los que están afectados por el incremento en las Tasas de Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas de hasta un 300 por ciento que se impuso en 2013, triplicando las tasas de años anteriores.
Un peritaje Judicial independiente determinó que las tasas de la ciudad portuense podían llegar, en algunos casos, a ser hasta de un 6oo por cien superior que en localidades turísticas tales como Adeje y Arona.
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