La Consejería de Industria llevará a cabo una inspección en la gasolinera Disa de Los Majuelos (La Laguna), tal y como le indicó el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, al abogado de los vecinos afectados, José Luis Langa González, quien había pedido este encuentro para tratar la situación de inseguridad de las cerca de mil personas que viven en las inmediaciones de la instalación.
En la reunión también participó el alcalde de La Laguna, José Alberto Diáz, y la concejal de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, Candelaria Díaz. El alcalde pidió al viceconsejero que se le haga traslado de toda la información referente a esta infraestructura que se ubica en la avenida de Los Majuelos y que en 2014 sufrió un grave incidente de filtrado de gasolina al subsuelo.
Mendoza indicó que la Consejería de Industria dispone de un informe técnico que garantiza la seguridad de los vecinos, informe que han pedido el alcalde lagunero y el letrado. Así mismo, Langa González le informó al viceconsejero que el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna ha pedido a la Consejería de Industria “el informe de investigación de suelo realizado por URS España SL el 13 de noviembre de 2014”.
El letrado también indicó que dicho juzgado ha pedido a Disa el 17 de noviembre de 2015 que debe indicar “si en la fecha en que ocurrieron los hechos (octubre de 2014) tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil y, en su caso, aportar la misma para constancia de autos”.
Por todas estas razones, Langa González dice que “lo que pedimos es transparencia con esta información, que podamos tener conocimiento de la misma, pues los vecinos dicen que sigue oliendo a gasolina, que se siguen haciendo obras en la gasolinera y temen que pueda repetirse lo ocurrido el pasado año”.
En su momento, seis familias tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas durante varios días y se detectó que había habido filtraciones de gasolina en el subsuelo. El entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, fue quien gestionó el desalojo de las familias y solicitó informes a la Consejería de Industria, así como de la propia empresa Disa.
Los vecinos afectados piden que si no se garantiza su seguridad se cierre esta gasolinera, que abrió al público hace más de veinte años, y que supone un peligro potencial para los mismos.
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