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Langa González informa a Bermúdez que la Ley de Costas permite aún acreditar que Igueste de San Andrés es un núcleo urbano

El presidente de Pcalc se reunió hoy con el alcalde de Santa Cruz para dar una solución a sentencia del Tribunal Supremo

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2014.- El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, ha informado hoy en una reunión con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que la actual Ley de Costas permite, en su vigesimoquinta disposición transitoria, poder acreditar que Igueste de San Andrés es un núcleo poblacional urbano consolidado y así evitar los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo.

Esta disposición transitoria indica, entre otras cuestiones, que “en municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales o estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie (...)”, podrán acreditarlo en “un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Langa González pidió una reunión de urgencia con el máximo representante del consistorio a raíz de la sentencia del TS que determina los cien metros de servidumbre de protección en Igueste de
San Andrés. En el encuentro, que también contó con la presencia del concejal de Urbanismo José Ángel Martín, el alcalde mostró su preocupación por esta situación y se comprometió a instar a todos los departamentos implicados a conseguir la información que acredite que este núcleo poblacional cuenta con todas las condiciones requeridas por ley.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó, el pasado 13 de marzo, los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como por el Cabildo de Tenerife para que en Igueste de San Ándrés se aplicaran solamente los veinte metros de servidumbre pública al tratarse de un núcleo poblacional urbano consolidado mucho antes de que se estableciera la Ley de Costas en 1988.

Langa González ha pedido, con el mismo carácter de urgencia, una reunión también con el presidente del Cabildo insular Carlos Alonso y con la conseja insular de Planificación, Pino de León, con el fin de poner en marcha una comisión mixta entre las instituciones implicadas y la propia plataforma para evitar que en un futuro próximo se produzcan hechos como el de Igueste de San Ándres que “son evitables y que, por desgracia, crean mucha alarma entre los ciudadanos”, añade el abogado.

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La plataforma de afectados por la Ley de Costas reclama una aplicación diferenciada en Canarias

José Luis Langa González, presidente de Pcalc, lamenta que desde algunas instancias se defienda la retroactividad

Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 2014.- El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, reclama, una vez más, que esta norma se aplique con carácter extraordinario en Canarias por su singularidad, y lamenta que desde algunas instancias se defienda la retroactividad de la ley que en el archipiélago daría lugar a grandes injusticias.

Concretamente, el presidente de Pcalc considera desafortunadas las declaraciones del profesor de Derecho Administrativo, Ángel Lobo, en el Diario de Avisos (20 de enero), en las que este docente asegura que “algunas leyes tienen que tener una aplicación retroactiva, porque si no nada cambia”, pues, indica Langa, la retroactividad en la Ley de Costas conlleva situaciones de injusticia y carga, como siempre, contra el eslabón más débil, el ciudadano.

En este sentido, Langa González pide que voces acreditadas y conocedoras del Derecho tengan en cuenta la singularidad del territorio canario, que vive por y del mar, y que la ley contemple una excepcionalidad para el mismo, de igual forma que se ha tenido en cuenta en Formentera y en otros territorios nacionales costeros.

“Canarias es, sin duda, el territorio nacional más afectado por la Ley de Costas y si no se contemplan sus características e idiosincrasia, en un plazo no muy lejano miles de personas podrían quedarse sin sus hogares o negocios, pueblos enteros desaparecerían y, todos quedaríamos afectados”, agrega Langa, quien matiza que “no es una valoración catastrofista, sino realista”.

De ahí que, recientemente, haya mantenido una entrevista con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Álvarez, y con la consejera insular de Planificación, Pino de León, para plantear que se pueda acceder a la documentación que los ayuntamientos afectados por la ley han enviado a Madrid, constatar que está todo en regla, y, posteriormente, crear una comisión mixta, ayuntamientos, Cabildo y Gobierno, para seguir defendiendo los núcleos urbanos consolidados del archipiélago.

“Somos un territorio único y con características únicas, que debemos saber explicar a los responsables políticos en Madrid, pues solo así comprenderán cuál es nuestra historia, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia”, concluye Langa González.
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Canarias queda igual en el nuevo reglamento de Costas que antes de las modificaciones”, asegura Langa González

El presidente de Pcalc reclamará una reunión con todas las instituciones para presentar alegaciones antes del 2 de abril

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2014.- El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, asegura que “Canarias queda igual en el nuevo reglamento a la Ley de Costas que antes de las modificaciones a la misma”, tal y como se contempla en el proyecto de Real Decreto publicado el pasado 11 de marzo.

El presidente de Pcalc informó en rueda de prensa de que dicho proyecto que desarrolla el reglamento de la actual Ley de Costas “se ha presentado de una forma un tanto oscurantista, sin dar información del mismo ni a las instituciones ni a los ciudadanos, los verdaderos afectados, ni a los medios de comunicación”.

“En 1988 se aprobó la Ley de Costas y nadie se enteró y nadie hizo nada, y más de veinte años después estamos sufriendo las consecuencias de aquella falta de conocimiento, y me temo que ahora está pasando lo mismo, pues si no actuamos ahora estaremos poniendo en peligro muchos pueblos, la cultura y la idiosincrasia de Canarias”.

Langa González matiza que las alegaciones que se pueden presentar al proyecto finalizan el 2 de abril, “un tiempo a todas luces totalmente insuficiente para que las partes afectadas podamos estudiar los 232 artículos y las treinta disposiciones que contiene y presentar alegaciones a los mismos en caso de no estar de acuerdo”.

“No se modifica nada; sigue sin tenerse en cuenta a Canarias; desde el Gobierno central siguen ignorando nuestras singularidades y que somos el territorio español con más costa”, añade el abogado quien, nada más finalizar el encuentro con los medios ha iniciado conversaciones con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con ayuntamientos y con cabildos para “aunar fuerzas y hacer presión para que el Estado no nos ignore”.

Langa González volverá a reclamar la creación de forma efectiva e inminente de la comisión mixta que ha pedido reiteradas veces en la que estén representados los ayuntamientos canarios, los cabildos, el Gobierno y la propia plataforma de afectados.
En cualquier caso, exhorta a los ciudadanos a que, de tener alegaciones que presentar, lo hagan a través de su ayuntamiento o directamente a la Pcalc en el correo electrónico jllangagonza@gmail.com.

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José Luis Langa se reúne con Carlos Alonso al objeto de encontrar soluciones que protejan los núcleos urbanos costeros de Canarias

El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas y el del Cabildo de Tenerife valoran la activación de una comisión mixta

Santa Cruz de Tenerife, 10 de enero de 2014.- El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, se ha reunido con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y con la consejera insular de Planificación, Pino de León, al objeto de encontrar soluciones que protejan los núcleos urbanos costeros de Canarias ante la aplicación de la actual Ley de Costas.

En dicho encuentro, que tuvo lugar ayer miércoles, 8 de enero, el presidente de la plataforma canaria, que estuvo acompañado por la miembro de dicha entidad Begoña Ortiz, retomó la iniciativa de crear una comisión mixta formada por ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, tal y como se acordó en una reunión celebrada en julio de 2013 con el expresidente del Cabildo, Ricardo Melchior.

Langa González propuso que, previamente a la creación de esta comisión, se solicite a los municipios afectados la documentación que se ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de comprobar su viabilidad antes de que dicho organismo se pronuncie, a través de un informe, sobre la delimitación y compatibilidad de los núcleos afectados con la integridad y defensa del dominio público marítimo terrestre.

“Una vez que la Administración estatal recibe la documentación sobre los núcleos urbanos de Canarias que cumplen los requisitos para quedar desafectados por la Ley de Costas, el ministerio tiene dieciocho meses para emitir el preceptivo informe”, indica el presidente de Pcalc, “por eso aún estamos a tiempo de subsanar posibles omisiones en la documentación enviada, pues una vez que se pronuncie el Gobierno nacional ya no habrá marcha atrás”.

Es por ello, recuerda Langa González, “que es importante conocer la información y documentación que se ha enviado para evitar que núcleos urbanos consolidados en Canarias acaben siendo derribados y cientos de familias desalojadas de sus viviendas y negocios”.

Carlos Alonso y Pino de León valoraron esta iniciativa y manifestaron su apoyo en la defensa de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas y que, como asegura Langa, afecta directamente a miles de personas e indirectamente a todo el pueblo canario.
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