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El
presidente de Pcalc se reunió hoy con el alcalde de Santa Cruz para
dar una solución a sentencia del Tribunal Supremo
Santa
Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2014.-
El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los
Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis
Langa González, ha informado hoy en una reunión con el alcalde de
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que la actual Ley de
Costas permite, en su vigesimoquinta disposición transitoria, poder
acreditar que Igueste de San Andrés es un núcleo poblacional urbano
consolidado y así evitar los efectos de la sentencia del Tribunal
Supremo.
Esta
disposición transitoria indica, entre otras cuestiones, que “en
municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales o estuvieran consolidados por la edificación en al menos
un tercio de su superficie (...)”, podrán acreditarlo en “un
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley”.
Langa
González pidió una reunión de urgencia con el máximo
representante del consistorio a raíz de la sentencia del TS que
determina los cien metros de servidumbre de protección en Igueste de
San Andrés. En el encuentro, que también contó con la presencia del concejal de Urbanismo José Ángel Martín, el alcalde mostró su preocupación por esta situación y se comprometió a instar a todos los departamentos implicados a conseguir la información que acredite que este núcleo poblacional cuenta con todas las condiciones requeridas por ley.
San Andrés. En el encuentro, que también contó con la presencia del concejal de Urbanismo José Ángel Martín, el alcalde mostró su preocupación por esta situación y se comprometió a instar a todos los departamentos implicados a conseguir la información que acredite que este núcleo poblacional cuenta con todas las condiciones requeridas por ley.
Cabe
recordar que el Tribunal Supremo desestimó, el pasado 13 de marzo,
los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife como por el Cabildo de Tenerife para que en Igueste de San
Ándrés se aplicaran solamente los veinte metros de servidumbre
pública al tratarse de un núcleo poblacional urbano consolidado
mucho antes de que se estableciera la Ley de Costas en 1988.
Langa
González ha pedido, con el mismo carácter de urgencia, una reunión
también con el presidente del Cabildo insular Carlos Alonso y con la
conseja insular de Planificación, Pino de León, con el fin de poner
en marcha una comisión mixta entre las instituciones implicadas y la
propia plataforma para evitar que en un futuro próximo se produzcan
hechos como el de Igueste de San Ándres que “son evitables y que,
por desgracia, crean mucha alarma entre los ciudadanos”, añade el
abogado.
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La
plataforma de afectados por la Ley de Costas reclama una aplicación
diferenciada en Canarias
José
Luis Langa González, presidente de Pcalc, lamenta que desde algunas
instancias se defienda la retroactividad
Santa
Cruz de Tenerife, 23 de enero de 2014.- El
abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los
Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc),
José Luis Langa
González, reclama, una vez más, que esta norma se aplique con
carácter extraordinario en Canarias por su singularidad, y lamenta
que desde algunas instancias se defienda la retroactividad de la ley
que en el archipiélago daría lugar a grandes injusticias.
Concretamente,
el presidente de Pcalc considera desafortunadas las declaraciones del
profesor de Derecho Administrativo, Ángel Lobo, en el Diario de
Avisos (20 de enero), en las que este docente asegura que “algunas
leyes tienen que tener una aplicación retroactiva, porque si no nada
cambia”, pues, indica Langa, la retroactividad en la Ley de Costas
conlleva situaciones de injusticia y carga, como siempre, contra el
eslabón más débil, el ciudadano.
En
este sentido, Langa González pide que voces acreditadas y
conocedoras del Derecho tengan en cuenta la singularidad del
territorio canario, que vive por y del mar, y que la ley contemple
una excepcionalidad para el mismo, de igual forma que se ha tenido en
cuenta en Formentera y en otros territorios nacionales costeros.
“Canarias
es, sin duda, el territorio nacional más afectado por la Ley de
Costas y si no se contemplan sus características e idiosincrasia, en
un plazo no muy lejano miles de personas podrían quedarse sin sus
hogares o negocios, pueblos enteros desaparecerían y, todos
quedaríamos afectados”, agrega Langa, quien matiza que “no es
una valoración catastrofista, sino realista”.
De
ahí que, recientemente, haya mantenido una entrevista con el
presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Álvarez, y con la
consejera insular de Planificación, Pino de León, para plantear que
se pueda acceder a la documentación que los ayuntamientos afectados
por la ley han enviado a Madrid, constatar que está todo en regla,
y, posteriormente, crear una comisión mixta, ayuntamientos, Cabildo
y Gobierno, para seguir defendiendo los núcleos urbanos consolidados
del archipiélago.
“Somos
un territorio único y con características únicas, que debemos
saber explicar a los responsables políticos en Madrid, pues solo así
comprenderán cuál es nuestra historia, nuestra cultura y nuestra
idiosincrasia”, concluye Langa González.
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“Canarias
queda igual en el nuevo reglamento de Costas que antes de las
modificaciones”, asegura Langa González
El
presidente de Pcalc reclamará una reunión con todas las
instituciones para presentar alegaciones antes del 2 de abril
Santa
Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2014.- El
abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los
Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc),
José Luis Langa González,
asegura que “Canarias queda igual en el nuevo reglamento a la Ley
de Costas que antes de las modificaciones a la misma”, tal y como
se contempla en el proyecto de Real Decreto publicado el pasado 11 de
marzo.
El
presidente de Pcalc informó en rueda de prensa de que dicho proyecto
que desarrolla el reglamento de la actual Ley de Costas “se ha
presentado de una forma un tanto oscurantista, sin dar información
del mismo ni a las instituciones ni a los ciudadanos, los verdaderos
afectados, ni a los medios de comunicación”.
“En
1988 se aprobó la Ley de Costas y nadie se enteró y nadie hizo
nada, y más de veinte años después estamos sufriendo las
consecuencias de aquella falta de conocimiento, y me temo que ahora
está pasando lo mismo, pues si no actuamos ahora estaremos poniendo
en peligro muchos pueblos, la cultura y la idiosincrasia de
Canarias”.
Langa
González matiza que las alegaciones que se pueden presentar al
proyecto finalizan el 2 de abril, “un tiempo a todas luces
totalmente insuficiente para que las partes afectadas podamos
estudiar los 232 artículos y las treinta disposiciones que contiene
y presentar alegaciones a los mismos en caso de no estar de acuerdo”.
“No
se modifica nada; sigue sin tenerse en cuenta a Canarias; desde el
Gobierno central siguen ignorando nuestras singularidades y que somos
el territorio español con más costa”, añade el abogado quien,
nada más finalizar el encuentro con los medios ha iniciado
conversaciones con todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria, con ayuntamientos y con cabildos para “aunar fuerzas
y hacer presión para que el Estado no nos ignore”.
Langa
González volverá a reclamar la creación de forma efectiva e
inminente de la comisión mixta que ha pedido reiteradas veces en la
que estén representados los ayuntamientos canarios, los cabildos, el
Gobierno y la propia plataforma de afectados.
En
cualquier caso, exhorta a los ciudadanos a que, de tener alegaciones
que presentar, lo hagan a través de su ayuntamiento o directamente a
la Pcalc en el correo electrónico jllangagonza@gmail.com.
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José
Luis Langa se reúne con Carlos Alonso al objeto de encontrar
soluciones que protejan los núcleos urbanos costeros de Canarias
El
presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas
y el del Cabildo de Tenerife valoran la activación de una comisión
mixta
Santa
Cruz de Tenerife, 10 de enero de 2014.- El
abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los
Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc),
José Luis Langa
González, se ha reunido con el presidente del Cabildo de Tenerife,
Carlos Alonso, y con la consejera insular de Planificación, Pino de
León, al objeto de encontrar soluciones que protejan los núcleos
urbanos costeros de Canarias ante la aplicación de la actual Ley de
Costas.
En
dicho encuentro, que tuvo lugar ayer miércoles, 8 de enero, el
presidente de la plataforma canaria, que estuvo acompañado por la
miembro de dicha entidad Begoña Ortiz, retomó la iniciativa de
crear una comisión mixta formada por ayuntamientos, cabildos y
Gobierno de Canarias, tal y como se acordó en una reunión celebrada
en julio de 2013 con el expresidente del Cabildo, Ricardo Melchior.
Langa
González propuso que, previamente a la creación de esta comisión,
se solicite a los municipios afectados la documentación que se ha
enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
a fin de comprobar su viabilidad antes de que dicho organismo se
pronuncie, a través de un informe, sobre la delimitación y
compatibilidad de los núcleos afectados con la integridad y defensa
del dominio público marítimo terrestre.
“Una
vez que la Administración estatal recibe la documentación sobre los
núcleos urbanos de Canarias que cumplen los requisitos para quedar
desafectados por la Ley de Costas, el ministerio tiene dieciocho
meses para emitir el preceptivo informe”, indica el presidente de
Pcalc, “por eso aún estamos a tiempo de subsanar posibles
omisiones en la documentación enviada, pues una vez que se pronuncie
el Gobierno nacional ya no habrá marcha atrás”.
Es
por ello, recuerda Langa González, “que es importante conocer la
información y documentación que se ha enviado para evitar que
núcleos urbanos consolidados en Canarias acaben siendo derribados y
cientos de familias desalojadas de sus viviendas y negocios”.
Carlos
Alonso y Pino de León valoraron esta iniciativa y manifestaron su
apoyo en la defensa de los afectados por la aplicación de la Ley de
Costas y que, como asegura Langa, afecta directamente a miles de
personas e indirectamente a todo el pueblo canario.
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