El Gobierno incumple el Protocolo de Cooperación suscrito con los afectados por la Ley de Costas

El Presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC), D. José Luis Langa González, solicitará al ejecutivo canario que se cumpla con lo estipulado en el Protocolo que se firmó con la PCALC para la creación de una Comisión mixta constituida por la FCAN, la FCAI y la PCALC. Más de 100.000 personas y 68 municipios se encuentran afectados por esta ley. El responsable de este colectivo teme y advierte que en cualquier momento, desde la Administración del Estado, se pueden activar actuaciones de derribo que pueden dejar indefensos a miles de personas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de septiembre de 2019. El presidente de la PCALC, D. José Luis Langa, solicitará al Gobierno de Canarias que cumpla con el protocolo de colaboración firmado con los afectados por La Ley de Costas. El acuerdo firmado en abril del 2016 con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, incluía una creación mixta constituida por cabildos y ayuntamientos para pedir las competencias en Costas, igual que tienen otras regiones como Cataluña y Andalucía, logrando así una gestión integral del litoral.

Añade el letrado de este colectivo que “ante esta preocupante situación que afecta a más de 150.000 personas y 68 municipios en toda Canarias, se exige que se active esta comisión que recoge entre otras cuestiones sentar las bases que deben regir para que se reconozca la singularidad del territorio en las islas por su especial configuración paisajística, etnográfica, geológica y arquitectónica”. 

El abogado y responsable de la plataforma asegura que “el acuerdo está totalmente inoperativo, a pesar de que se han mantenido encuentros con diferentes representantes del ejecutivo, el último con el Diputado del Común, Rafael Yanes”.

Langa indicó que “aunque en estos momentos no están ocurriendo casos muy mediáticos, eso no significa que la Ley de Costas no siga adelante” y advierte que “en cualquier momento, desde el Estado se pueden activar actuaciones de desalojo y derribo que pueden dejar en la calle a miles de personas “.

De esta forma exigirá al actual Gobierno de Canarias que se cumpla con lo acordado y suscrito en el mencionado Protocolo. Además, adelanta que pretende iniciar reuniones con ayuntamientos, Cabildos, Gobierno del Estado y que podría incluso trasladar su reclamación a la Unión Europea.