Los afectados
por el desalojo del barrio de Santa Lucía, en el litoral de Güímar, han
mantenido un nuevo encuentro para valorar las últimas declaraciones del
alcalde, manifestando su rechazo al desalojo. El presidente de la asociación de
vecinos de este barrio, Rafael de Armas, asegura que no entienden la forma de
proceder del regidor: “Hay muy poca transparencia y muchas contradicciones en este asunto.
Primero el 5 de diciembre nos desalojan a través de un decreto municipal y
ahora rechaza ese mismo desalojo voluntario”. El representante de este
colectivo insiste en que “la veintena de afectados no se niegan a dejar sus
casas pero exigen una garantías, unos plazos para poder regresar a sus
viviendas”.
El representante jurídico de este colectivo y Presidente de la PCALC, José Luis Langa, coincidió con los vecinos en la extraña forma de actuar del alcalde. Además manifestó que “no hay un peligro inminente y antes de crear alarma deberían de actuar de forma coordinada con el resto de administraciones públicas (Ayuntamiento, Costas y Gobierno de Canarias). A día de hoy no hay un plan real de trabajo para solucionar esta problema que ya dura casi 10 años, y no se ha hecho nada, ni siquiera un vallado de la zona”.
El representante jurídico de este colectivo y Presidente de la PCALC, José Luis Langa, coincidió con los vecinos en la extraña forma de actuar del alcalde. Además manifestó que “no hay un peligro inminente y antes de crear alarma deberían de actuar de forma coordinada con el resto de administraciones públicas (Ayuntamiento, Costas y Gobierno de Canarias). A día de hoy no hay un plan real de trabajo para solucionar esta problema que ya dura casi 10 años, y no se ha hecho nada, ni siquiera un vallado de la zona”.
Langa asegura que ante esta situación han tenido que presentar contra el consistorio “un recurso contencioso–administrativo para garantizar alternativas a este grave problema que afecta a una veintena de vecinos”. Además el representante jurídico adelanta que “estudian interponer otro tipo de acciones que pudiesen corresponder conforme a derecho”.
El Gabinete
Jurídico José Luis Langa fue el que representó a este colectivo en el 2011, por
esta misma causa. En aquella ocasión el Ayuntamiento se comprometió y comunicó
actuaciones que no se han cumplido.
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